Repudian agravios de legisladores Santacruceños

La legislatura de Santa Cruz emitió una resolución con agravios en rechazo a los proyectos presentados por diversos partidos en relación a la restitución del ex procurador Eduardo Sosa y los declaró “personas no gratas” en esa provincia.

El malestar generado en los legisladores de Santa Cruz tuvo que ver con el pedido de intervención de esta provincia que solicitaran distintas fuerzas políticas a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena la restitución de Eduardo Sosa a su cargo. Por esta razón miembros de la UCR, PRO, ARI, y el peronismo disidente de Neuquén convocaron a una conferencia de prensa para fijar postura en torno a las palabras que tildaban de “hombres con minúsculas, pacatos edecanes defensores de burdas conspiraciones” y “lacras de la sociedad” a sus representantes nacionales. El diputado Gastón Contardi (UCR), además, elaboro un proyecto de resolución en repudio a los agravios solicitando su tratamiento sobre tablas en la sesión de ayer que generó un duro cruce en el recinto con miembros del PJ y que finalmente fue girado a comisión.Sobre lo dicho por los legisladores santacruceños y los propios peronistas presentes en la Legislatura neuquina el diputado Juan Oltolina (UCR) recordó que “en 1974, el PJ avaló la intervención de Santa Cruz que dispusiera el gobierno de Isabel Perón y que desde esa misma provincia fue impulsada por Nélica Cremona de Peralta madre del actual gobernador y legisladora en aquel entonces de la línea de José López Rega”. El diputado Marcelo Inaudi (UCR) en tanto manifestó que “este proyecto apunta solamente a pasar en blanco un concepto tan elemental como es el respeto por la ley y la vigencia de las instituciones. Yo no se si la intervención es la solución más adecuada. Hubo muchas provincias intervenidas durante gobiernos institucionales”. También consideró que “no es ser antidemocrático ni desconocer la voluntad popular es un remedio institucional previsto en la Constitución desde 1853. No es para descartarla en absoluto lo que si es para descartar es la resistencia a cumplir una orden del máximo órgano de la justicia”.

Acerca de la propuesta del radicalismo

“En Santa Cruz, durante mucho tiempo, hubo una terrible impunidad y desde el Congreso propiciamos una intervención federal sin intervenir al gobierno provincial, una cuestión inédita como proyecto legislativo”, destacó el titular de la UCR, Ernesto Sanz, en conferencia de prensa, junto al presidente del bloque de Diputados, Oscar Aguad, además de senadores y diputados radicales.“Por primera vez en muchísimo tiempo se pone en riesgo el cumplimiento de un fallo del máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tuvo que recurrir al fallo de ayer para pedir una apertura de una causa penal contra la autoridad del gobierno de Santa Cruz”, añadió el líder radical.“Sin desplazar al gobernador, ni a los legisladores de la provincia ni al Poder Judicial, todos los legisladores del Congreso tenemos el derecho y la obligación de explicar qué es lo que entendemos por federalismo y por división de Poderes”, finalizó Sanz.El proyecto de ley ordena que, “en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de septiembre de 2010 en autos 'Sosa, Eduardo Emilio c. Provincia de Santa Cruz', a partir del día siguiente al de la promulgación de la presente ley, remuévase de su cargo al actual Agente Fiscal de la Provincia, Dr. Claudio Roberto Espinosa, y repóngase en esas funciones al Dr. Eduardo Emilio Sosa”.También se establece que “el Procurador General de la Nación, con el auxilio de las fuerzas de seguridad federales, tomará todas las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución de la presente ley y la asunción en sus tareas del Dr. Eduardo Emilio Sosa”.El jefe del bloque de Diputados, Oscar Aguad, precisó que la iniciativa apunta a obligar el cumplimiento de la sentencia de la Corte "de la manera menos cruenta posible" para las instituciones de la provincia, ya que "no hay desplazamiento de las autoridades locales"."De esta forma se preserva la autoridad de las decisiones de la Corte y se respeta la autonomía de la provincia", destacó, por su parte, el diputado Ricardo Gil Lavedra.